La provincia, representada legalmente por la Fiscalía de Estado, presentó este jueves 28 su contestación de demanda ante el máximo órgano judicial nacional, fijando una enfática posición en torno a que las normas que han creado el Fondo de Conurbano "no pueden ser atacadas de inconstitucionales ni por la provincia de Buenos Aires ni por el Estado nacional, dado el rango constitucional" de las mismas y por haber sido consensuadas por todas las jurisdicciones en el año 1999.

Aquí se subraya que "en este proceso se pretende abrir un debate sobre la validez de las normas constitucionales", y que "las normas que la provincia de Buenos Aires ataca con la anuencia y ayuda del Estado nacional, tienen rango constitucional y forman parte integrante de la Constitución Nacional en virtud de su art. 75 inc. 2, por lo que no pueden modificarse si no es por voluntad conjunta de los estados que le dieron nacimiento".

Orden constitucional

Un aspecto saliente del planteo se expone en uno de los párrafos donde se subraya de manera taxativa que "la provincia de Formosa, no es en esta materia meramente una causa judicial, es un Estado soberano que integra la federación [Nación Argentina] y se pretende con esta acción ante la Corte modificar el orden constitucional para adaptarlo a los intereses de otro de los Estados de la Federación".